La cuestión fiscal constituye hoy uno de los aspectos centrales del desempeño del sector público. Por cierto, ninguna entidad estatal- cualquiera sea su nivel jurisdiccional- podría funcionar sin que exista en su seno un aparato burocrático especializado en recaudar tributos y aplicarlos a determinados gastos que se vinculan directa o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos de política pública.

Los estados, cualquiera sea la modalidad de gobierno consagrada en sus respectivas constituciones, se organizan teniendo en cuenta diferentes instancias de descentralización de funciones. En efecto, tanto en modelos institucionales de naturaleza federal o centralista, existen diversos niveles subnacionales de gobierno.

El caso argentino, nuestra constitución consagra tres niveles de organización de la esfera pública: el gobierno nacional, las provincias y los municipios. Asimismo, y tal como se señala en el artículo 124°, la Constitución Nacional habilita a las provincias a crear regiones para el desarrollo económico.